El Perú, durante los últimos 15 años, ha sostenido un crecimiento económico basado en un modelo primario exportador, principalmente favorecido por actividades económicas extractivas como el petróleo, gas y minería, cuyos productos han gozado de precios internacionales altos que han permitido dejar regalías al fisco peruano, permitiendo al Estado contar con ingresos no considerados desde la época del caucho a comienzos del siglo XX.

Este contexto favoreció a reducir los índices de pobreza del país, expandir el acceso a la educación, la salud pública y a los servicios básicos.

Así mismo, el Estado Peruano pudo reducir las brechas históricas con las poblaciones indígenas, permitiendo alcanzar un mayor acceso a la educación, principalmente.

Sin embargo, el acceso de los hogares de las poblaciones indígenas a servicios como el agua potable está un poco menos que al 50% de cobertura, indicador que está por debajo del promedio nacional y del promedio latinoamericano, evidenciando, con este indicador, pendientes por cumplir.

Este fenómeno no afecta exclusivamente al Perú. Las poblaciones indígenas de América Latina enfrentan barreras estructurales que limitan e impiden su desarrollo. Por esta razón, es necesario implementar estrategias y políticas públicas diferenciadas que favorezcan alcanzar su bienestar humano.

A pesar de la caída de los precios internacionales de los productos obtenidos por las actividades extractivas que sostienen el crecimiento económico del país, esto no ha significado un retiro de las inversiones en dichos sectores y, más bien, ha representado un conjunto de medidas políticas que buscan favorecerlas, flexibilizando las normativas ambientales, sociales y los derechos colectivos de las poblaciones indígenas.

Debido a la superposición de actividades económicas en territorios de ocupación ancestral, por parte de nuestros pueblos indígenas, así como el uso de sus recursos, principalmente el agua, las actividades extractivas han sido causa de conflictos sociales, los cuales se han extendido a lo largo del territorio nacional.

Desde el año 2001, los conflictos sociales se han acrecentado y han sido la causa central de un gran número de muertes y de una confrontación abierta entre el Estado y las poblaciones indígenas u originarias.

Según la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad- ONDS, de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, la mayoría de conflictos sociales en el Perú, entre el periodo 2012 y 2016, se da por causas de presencia de industria extractivas, ligadas al rubro minero .

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, según el último reporte mensual de conflictos sociales , ha identificado un total de 211 conflictos sociales, de los cuales 150, lo que representan el 71.1% del total, son socioambientales, es decir, debido a la presencia de una actividad extractiva en territorios de ocupación ancestral.

Estos conflictos se concentran, principalmente, en las regiones del sur y el centro del país, entre las que se cuentan, principalmente, Áncash, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Junín.

Según el reporte anual de la Defensoría del Pueblo del año 2015, se precisó que el número de conflictos sociales disminuyó en relación al año 2014, sin embargo, la cifra de muertos aumentó y la de heridos se cuadriplicó, lo que expresa la gravedad de los conflictos sociales en el Perú.

Entre el 2011 y el 2014, de los 539 conflictos sociales, 159 se han dado por el manejo de los recursos hídricos. Este contexto nos precisa un escenario que establece una relación directa entre presencia de actividades extractivas, comunidades campesinas y pueblos indígenas, uso, por parte de las actividades extractivas, de recursos naturales (principalmente el agua), superposición de derechos sobre el territorio y conflictos sociales.

A pesar que el Estado, a partir del 2011, promulgó la ley de consulta previa, con la finalidad de reconocer un derecho colectivo de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169- OIT, como es el respeto a la integridad a su territorio y a la consulta y participación, el ejercicio de este derecho, por parte de nuestras comunidades, está sujeta a un conjunto de procedimientos que deben cumplirse, los cuales, en su mayoría, son desconocidos por su parte, quedando como agenda pendiente del Estado, llevar a cabo una difusión masiva sobre dichos procesos.

¿Qué representa la consulta previa para el país? Para nuestras poblaciones indígenas representa el cumplimiento de un derecho, amparado por un convenio internacional suscrito por el Perú y que los visibiliza como ciudadanos. Para el Estado, una agenda por cumplir. Para las inversiones privadas, la garantía de que sus actividades puedan llevarse sin conflictos de por medio, reconocido por el ex Ministro de Cultura, Dr. Jorge Nieto, quien precisó que en los proyecto en que se aplicó la consulta previa, no se produjo ningún conflicto social .

Si empleamos el discurso oficial, tecnocrático y economicista, cada conflicto social, que detiene las operaciones de una industria minera de mediana escala, puede representar pérdidas por 20 millones de dólares semanales , el cual, si se calcula en un año, se obtendrá más de mil millones de dólares en pérdida.

Para la economía nacional, representa pérdidas de hasta 67 mil millones de dólares en el periodo 2008- 2014 , los cuales representan 4 puntos porcentuales en su crecimiento.

La implementación de la consulta previa garantiza, no sólo el ejercicio de un derecho colectivo por parte de nuestras poblaciones indígenas, sino, un acuerdo nacional que permitiría sostener el crecimiento y desarrollo del país.