El día de hoy ha sido publicado, por diferentes medios escritos locales, algunos datos centrales, del último reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo que expone una tendencia hacia el crecimiento de la conflictividad interna en el país.  

Según el informe presentado, en el Perú existen 212 conflictos sociales, presentes en todas las regiones del país, salvo el Callao y Tumbes.

                                  Gráfico 1: Distribución de conflictos por región

Fuente: Defensoría del Pueblo/ Elaboración propia

De ellos, 155 están activos y 83 se encuentran en proceso de diálogo. Además, hay 57 conflictos latentes y, del total de los conflictos identificados, 137 tienen al Gobierno Central como el responsable de la atención que puede llevarlos a la solución del mismo.

                                                             Gráfico 2

Fuente: Defensoría del Pueblo/ Elaboración propia

Por otro lado, de los 212 conflictos, 144 son socioambientales, los cuales están relacionados con actividades extractivas como la minería. No es por ello casual que las regiones con mayor actividad minera en el Perú son aquellas con mayor conflictividad social: Apurímac (26), Áncash (25, Cusco (18), Puno (18) y Cajamarca (16).

                                                                  Gráfico 3

Fuente: Defensoría del Pueblo/ Elaboración propia

Ante esta situación, la recién anunciada creación del viceministerio de Gobernanza Territorial, a la que se le ha asignado las competencias en temas de conflictividad social, tendrá en agenda una larga tarea por encontrar soluciones basadas en el diálogo.

Creo conveniente señalar que este informe de la Defensoría del Pueblo no ha considerado coyunturas políticas y económicas como desencadenantes de una situación de conflictividad. Una de ellas es la promulgación del decreto legislativo 1333, la cual norma la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, con el objeto de facilitar obras de infraestructura y crea el Proyecto Especial para el Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados, que ha motivado que el Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales Indígenas, que agrupa a diversos gremios nacionales indígenas y campesinos del Perú, exprese un categórico rechazo a dicha medida y anuncie movilizaciones a nivel nacional.

Otra coyuntura importante en el proceso inflacionario que vivimos, la cual registrará su punto más alto, luego de 23 meses, en el mes de marzo (0.69), lo que significa el alza de los precios de los productos de la canasta familiar. A pesar que el Banco Central de Reserva haya estimado que la inflación en el año 2017, terminará en 2.8%, esto representa el aumento del costo de vida en el país. Si a esto sumamos que la economía no crecerá según lo estimado, debido al freno de la inversión pública y al escándalo de ODEBRECHT, el escenario inflacionario se estima al alza.

¿Cómo vamos en conflictividad social a nivel latinoamericano?

Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, dirigido por el Dr. Joan Martínez Alier, Colombia es el país con mayores conflictos socioambientales (72) en la región latinoamericana. Le siguen Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), el Perú tiene el mayor número de conflictos originados por actividades mineras en la región.