Por definición general, el censo es aquella herramienta de recojo de información que permite saber cuántos somos y dónde estamos en un determinado territorio. A través de su aplicación, un Estado conoce las características de su población en favor de poder elaborar políticas públicas acordes a sus necesidades y demandas.

En América Latina, y por acuerdos y consensos regionales monitoreados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, se estableció aplicar cada 10 años los censos nacionales, con el fin de poder contar con información fidedigna que permita realizar comparativos en favor de una agenda común. A esta aplicación simultánea se le denominó ronda censal.

El Perú, desde 1961 hasta el 2005, cumplió la ejecución de los censos nacionales en el periodo estimado por acuerdo regional. Sin embargo, por razones técnicas, se objetó que el censo del año 2005 incurrió en un sub registro censal tan amplio que obligó al Estado aplicar un nuevo censo el 2007, razón por la que nuestro país se retrasó en el cumplimiento de la ronda censal latinoamericana.

Desde la fecha hasta hoy, han transcurrido 10 años que exige la aplicación de una nueva edición del censo nacional de población, que para este 2017, trae la inclusión de nuevas preguntas y una nueva metodología.

La más importante novedad del XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Nativas, es la inclusión de una pregunta denominada de autoidentificación étnica, en la que se consulta a la población, en base a sus costumbres y antepasados si se considera: quechua, aymara, pueblo originario, mestizo, blanco, afrodescendientes, entre otras.

La razón por la que se incluyó esta pregunta es para identificar las características de nuestra población originaria, con el fin de visibilizarlas y permitirles el ejercicio pleno de sus derechos colectivos, tales como el de consulta previa. En caso no se pudiera registrar y visibilizar a la población originaria de nuestro país, determinaría que pueda vulnerarse a nuestra población sus derechos plenos, ya que se argumentará que en el país no existe población originaria a la que se le pueda reconocer derechos como el de participación, consulta previa y acceso a la tierra.

La inclusión de la pregunta de autoidentificación étnica ha sido una común en los censos nacionales de todos los países de América Latina, de la cual el Perú es el último en hacerlo.

Sin embargo, la sola inclusión no representa un avance significativo en términos de derechos para nuestros pueblos originarios, ya que hay errores en su planteamiento que, muy probablemente, puedan incurrir en el sub registro censal, como es el caso de señalar, entre las alternativas de respuesta, al de mestizo, la cual no es una categoría étnica, lo cual induciría a que la mayoría de los censados se autoidentifique como tal y oculte la condición de población originaria.

A estos se suma una inadecuada campaña de información, que impide un reconocimiento de la importancia de esta pregunta en el censo, en la que muchos periodistas y políticos se han pronunciado en contra, consciente o inconscientemente de su papel, han extendido un mal entendimiento de su valor.

El problema que ahora nos plantea esta situación es que no se tendrá un adecuado registro de nuestra población originaria y por consecuencia, ni se podrá aplicar políticas públicas adecuadas a su necesidad y permitirnos el ejercicio pleno de nuestros derechos colectivos.

Un tema que las autoridades y funcionarios públicos tendrán que atender en lo inmediato, ya que uno de esos derechos es el de consulta previa y el de territorio, los cuales son consignas de los principales movimientos sociales en regiones.